Como un “retroceso”, así han calificado organizaciones sin fines de lucro la decisión del gobierno del presidente Trump de suspender la ayuda federal que permitía que niños y adolescentes migrantes que llegaron a Estados Unidos sin acompañamiento, es decir sin un adulto, recibieran asistencia legal para comparecer ante un juez de inmigración. 

Recordemos que las personas que batallan con órdenes de deportación deben contratar abogados por su propia cuenta, ya que el gobierno no les proporciona uno. Sin embargo, el gobierno sí financiaba el trabajo de estas organizaciones.

Todas recibieron la orden de parar su trabajo de inmediato y aunque la secretaria de Seguridad Interna no ha ofrecido una explicación del porque al cese de estas actividades, las agrupaciones manifestaron que les dijeron que fue por causas fuera de control.

Para la abogada de inmigración Claudia Bernal, esta resolución era algo que estaban esperando y es que es importante destacar que cuando un pequeño es encontrado en la frontera permanece bajo la custodia de las autoridades y antes de ser transferido a un patrocinador o algun familiar, tiene la opción legal de solicitar asilo, para lo cual necesita la ayuda de un abogado, algo que resulta muy costoso sin la ayuda de organizaciones legales.

"Es descorazonador porque estamos justamente hablando de menores, de niños que de otra manera no tendrían derecho al derecho de defensa en las cortes de inmigración", dijo Bernal.

¿Pero cuáles son las consecuencias para los infantes en caso de quedarse sin patrocinio para tener un abogado?

"Tendríamos que esperar la generosidad de organizaciones privadas, lo que pueda ocasionar que sus procesos se demoren todavía muchísimo más", agregó la abogada.

¿Y en cuanto a los procesos que ya están marcha?

"Esos casos van a continuar su curso, no se suspenderán, no se va a deportar por esta razon. Estoy segura que muchas organizaciones ya están preparando demandas preventivas para suspender la ejecución de esta demora", dijo Bernal.

La administración Trump emitió anteriormente una orden similar de suspensión de trabajos para espacios de asistencia legal para adultos en riesgo de deportación, pero el Departamento de Justicia restableció la financiación a principios de este mes, dos días después de que organizaciones sin fines de lucro demandaran al gobierno por el recorte de estos fondos. 

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