El inmigrante ecuatoriano que fue puesto en libertad el martes por orden de un juez dijo que durante su detención pensó que perdería a sus hijas y esposa.

“Pensé que me iban a arrancar de mi hogar”, dijo Pablo Villavicencio en un encuentro informal con la prensa el miércoles en las afueras de su hogar.

“Pensé que perdería todo, que el sueño de tener siempre a mi familia junta estaba por terminar”, añadió el inmigrante que pasó casi dos meses detenido por ICE.

Villavicencio, de 35 años, fue detenido cuando entregaba una orden de pizzas en una base militar en Brooklyn.

Su caso ganó notoriedad no solo porque organizaciones pro inmigrantes tomaron su caso y lo mantuvieron en la opinión pública, sino también porque a muchos les parecía incorrecto que un inmigrante que trabajaba, que tenía familia y que no tenía récord criminal estuviera en el filo de la deportación.

Para otros también, el caso generó indignación por las circunstancias de su detención: en una base militar cuando no hacía más que ganarse la vida trabajando como mensajero o entregando comida.

Villavicencio ciertamente tenía una orden de deportación en su contra, pero al mismo tiempo tiene un proceso de residencia permante ante el gobierno gracias a que su esposa es ciudadana estadounidense.

El tiempo que estuvo detenido, explico el inmigrante ecuatoriano, “fue muy difícil, muy obscuro”.

“Gracias a Dios que el juez hizo una justa y correcta decisión”, añadió Villavicencio.

Y que el juez además, siguió Villavicencio, les dijo a las autoridades de inmigración que no podían “deportarme del país ya que he sido un ciudadano modelo para la nación, para mi estado, para mi cuidad y para mis hijas y mi matrimonio”.

El juez ciertamente señaló entre otros considerandos, que Villavicencio “no tiene historia criminal”. Que además, “ha pagado sus impuestos y ha trabajado diligentemente para mantener a su familia”.

“Dios hace justicia”, dijo Villavicencio.

Villavicencio deberá ahora pelear su caso ante un juez de inmigración. Intentará que anulen su orden de deportación y que le permitan obtener o al menos seguir con el proceso para obtener la residencia legal.