En esta esquina conocida como La Parada, en Williamsburg, Brooklyn, decenas de empleadas de limpieza, muchas de ellas indocumentadas, piden justicia.
Las trabajadoras domésticas seguran ser víctimas de malos tratos y pagos injustos por parte de los que las contratan, la mayoría en hogares de judios jasídicos.
"Que nos puedan ayudar, qué sé yo. Que nos paguen un poquito. Que nos traten bien, porque la verdad el trabajo de nosotras es duro", comenta una empleada.
Quejas como estas abundan. No existe una ley laboral que proteja a estas jornaleras que trabajan para diferentes empleadores, sin un contrato laboral y a veces pocas horas a la semana.
La Carta de Derechos para empleadas domésticas de Nueva York solo aplica para quienes trabajan más de 40 horas a la semana.
El concejal Antonio Reynoso se pronunció al respecto: "Se hace difícil porque no hay contrato. Todo esto se está haciendo debajo de la sombra. No se está haciendo legalmente".
Reynoso dice conocer bien la problemática pero asegura que, pese a que su oficina lleva más de seis años trabajando en mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras por medio de su apoyo al Proyecto de Justicia Laboral, es importante que más empleadas se unan a este colectivo.
"Muchas de estas mujeres no tienen papeles. Son indocumentadas y por eso muchos de los que contratan con ellas abusan de eso y es muy difícil para nosotros buscar justicia para ellas si no están buscando alienarse con nosotros", añade Reynoso.
Por otro lado, la ley de Derechos Humanos de Nueva York aplica a empleadores que contraten a cuatro o más empleados.
Para Ligia Gualpa, quien dirige el Proyecto de Justicia Laboral, es momento de aumentar estas protecciones: "Lo que hemos encontrado es que la Carta de Derechos necesita ser expandida para ofrecer protección a las trabajadoras jornaleras que trabajan de una manera más informal con diferentes empleadores".
Y la oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde asegura que, si bien no es ilegal que un empleador pueda despedir o rehusarse a contratar a un trabajador indocumentados, si decide hacerlo, no puede pagarle menos o tratarlo de manera diferente debido a su estatus migratorio.