La fiscal general del Estado, Letitia James, presentó una nueva demanda contra el gobierno federal.
Acompañada de funcinarios electos y del gobierno municipal, James anunció que lleva a los tribunales a la administración Trump para detener la expansión de la regla de carga pública.
La intención del gobierno federal es negar extensión de visado y residencia permanente a inmigrantes legales que hagan uso de algunos programas de asistencia pública como Medicaid, cupones de alimentos SNAP y ayuda de vivienda.
Esa nueva regla entraría en vigor el 15 de octubre, pero la Fiscal General espera que la demanda interpuesta.
A dicha iniciativa se han unido otros estados, frene su implementación.
También esta semana, el gobierno federal dijo que comenzará a detener de manera indefinida a familias inmigrantes que crucen la frontera de manera irregular.
Esto significa que no respetará la decisión judicial conocida como Caso Flores, que desde los años noventa limita el número de días que menores inmigrantes pueden estar detenidos.
O sea, que en un principio, para respetar esa decisión, el gobierno Trump separaba a las familias, mandando los menores a albergues.
Ahora dice que mantendrá a las familias unidas, pero en centros de detención... ¿Es esto legal?
Para explicarnos un poco mejor qué significa todo esto está con nosotros el abogado, Luis Mancheno, de la organización Legal Aid Society.