El gobierno de Honduras dio por terminado el miércoles el Tratado de Extradición con Estados Unidos, bajo el cual decenas de hondureños fueron enviados a enfrentar a la justicia estadounidense, la mayoría de ellos por cargos relacionados con drogas.

La medida fue en respuesta a los cuestionamientos de la embajadora estadounidense sobre la visita de funcionarios hondureños a Venezuela para una reunión con el ministro de Defensa de la nación sudamericana, el cual está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno de Honduras calificó los comentarios de la embajadora como una "injerencia" y horas más tarde anunció la medida.

"Al respecto, con base a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo (...) comunica a esa honorable embajada la decisión del gobierno de la República de Honduras, de dar por terminado el Tratado de Extradición", expresa el documento enviado por la Cancillería de Honduras a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

 

 

El documento establece que el Tratado de Extradición fue celebrado entre Estados Unidos y Honduras, el 15 de enero de 1912. Desde 2014, 64 hondureños han sido extraditados hacia Estados Unidos para enfrentar a la justicia por diversos cargos.

El comentario de la embajadora Laura Dogu fue en respuesta a la reunión que sostuvieron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya —sobrino político de la presidenta Xiomara Castro— con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

"Estamos muy preocupados por lo que ha sucedido en Venezuela. Es bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela", dijo Dogu al salir de un evento en Tegucigalpa.

La embajadora expresó su sorpresa ante el encuentro, "especialmente cuando se está trabajando con un gobierno, con una presidenta que está trabajando en su lucha contra la narcodictadura, entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron hacer eso".

La diplomática hace referencia a la lucha que el partido de Xiomara Castro (Libertad y Refundación) emprendió para sacar del gobierno al entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico y cuyo gobierno ha calificado como una "narcodictadura".

Ante los comentarios de Dogu, la presidenta Castro escribió en la red social X que "la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable".

"Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta", agregó.

De su lado, el Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, declaró que "es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Dogu, y agregó que ambos funcionarios acudieron a Venezuela para una competencia de academias militares y que "insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía".

El excanciller de Honduras, Carlos López Contreras, declaró a The Associated Press: "No tiene que ver una cosa con la otra, una cosa es que haya disgusto por parte Estados Unidos por los comentarios de la embajadora y la otra es que Honduras en represalia o respuesta quiera denunciar el tratado".

Al ponerle fin al tratado de extradición, Honduras dejaría de enviar hondureños hacia los Estados Unidos que son solicitados por la justicia de ese país.

No es la primera vez que el gobierno de Castro cuestiona las opiniones de la embajadora Dogu y le llama la atención por temas que, según los funcionarios hondureños, son exclusivos de Honduras.

En noviembre de 2023, Reina le pidió a la embajadora de Estados Unidos no opinar sobre sus asuntos internos y soberanos, luego que la diplomática hiciera un comentario sobre los de consensos en el marco de la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto.

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